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¿Qué es la Alerta de Violencia de Género (AVG) y cómo se emitió en el estado de Morelos?

La Alerta de Violencia de Género es el mecanismo establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y se emite cuando:

  1. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así́ lo reclame;
  2. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y
  3. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así́ lo soliciten.  (artículo 24, LGAMVLV)

El objetivo principal de este mecanismo es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y la eliminación de las desigualdades producto de legislaciones que agravian sus derechos humanos. Para ello se plantea lo siguiente:

  1. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo;
  2. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida;
  3. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres;
  4. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y
  5. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar. (art. 23 LGAMVLV)

Para conocer más sobre la emisión de la AVG puede consultarse la infografía elaborada por Amnistía Internacional en: Amnistía – ALERTA DE GÉNERO

En la entidad morelense, de acuerdo con la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), se registra un primer incremento de feminicidios a partir de 2004, tendencia que sigue hasta 2007 en donde comienza a descender por dos años y, llegando a un nuevo punto más alto en 2012.

Ya en el informe “Violencia feminicida en Morelos” de 2006, se colocaba a la entidad como el quinto lugar de homicidios de mujeres en el país, superando la media nacional (Cámara de Diputados, 2006).

En este contexto, en 2007 se aprueba la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y a finales del mismo año (5 de diciembre) se publica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia para el estado de Morelos.

Asimismo, en 2011, antes del punto más alto de feminicidios en el estado, el Código Penal de Morelos se reformó y se adicionó al artículo 213 el delito de feminicidio estableciendo inicialmente una sanción de 30 a 70 años de prisión, pena modificada en 2014 estableciendo una sanción de 40 a 70 años.

A pesar de que después de 2012 los feminicidios en la entidad descienden, Morelos continúa siendo una de las entidades con mayor incidencia de este fenómeno a nivel nacional. Asimismo, aunque los feminicidios descienden los homicidios se incrementan. En la gráfica siguiente se observa una mayor incidencia de feminicidios hasta 2013 en donde la brecha entre mujeres víctimas de feminicidios y homicidios se acorta.

Feminicidios y Homicidios. Morelos 2000 - 2015

Gráfica propia, elaborada a partir del informe sombra de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos A. C. en 2015 y de datos consultados en INEGI sobre Mortalidad, Conjunto de datos: Defunciones por homicidios, 2016.

En 2013, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil encabezadas por la CIDHM solicitó al gobierno federal la declaratoria de AVG en la entidad. Esto, posterior a señalamientos previos y solicitud de diálogo por parte de las organizaciones al gobierno de la entidad.[1]

Posterior a la solicitud se difundió la información que sustentaba la petición de la AVG con Organismos Internacionales de Derechos Humanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU) y con Amnistía Internacional. Asimismo, durante la marcha del 1º de mayo de 2013 se obtuvieron firmas apoyando la solicitud de AVG (CIDHM, 2015).

En mayo de 2014, la Secretaría Ejecutiva recibió formalmente la petición de AVG por parte de la CIDHM y en junio se emitió la Convocatoria para la selección de los expertos locales que conformarían el grupo de trabajo junto con la representante del Instituto de la Mujer para el estado de Morelos (IMEM) Aurora Ivonne Velasco Rotunno,  Gretha Jimena Vilchis Cordero, de la CONAVIM y Pablo Navarrete Gutiérrez en representación del Instituto Nacional de las Mujeres. La Convocatoria no recibió postulantes por lo que la Secretaría Ejecutiva designó a Irene Regina Casique Rodríguez y Roberto Castro Pérez representantes del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Para seleccionar a los expertos de instituciones académicas nacionales se lanzó una convocatoria y se conformó un Comité para evaluar a las personas solicitantes eligiendo así a Isabel Montoya Ramos, representante del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y a Nelson Arteaga Botello, representante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos designó a Carlos Villaseñor Navarro como su representante.

El 1º de julio el grupo de trabajo inicia sus labores analizando la información que sustentó la solicitud de AVG, la información que la entidad presentó, la legislación de Morelos, a la par se llevaron a cabo entrevistas a Organizaciones de la Sociedad Civil y a personas directamente afectadas por la situación, por ejemplo, familiares de las víctimas.

El grupo de trabajo concluyó llegó a 15 conclusiones que se enuncian brevemente a continuación:

  1. La mayoría de los casos de feminicidio reconocidos por el estado de Morelos, ocurridos en el periodo de 2000 a 2013, se encuentran inconclusos.
  2. Las capacitaciones a funcionarias y funcionarios públicos en materia de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres no tienen planeación, ni mecanismos de seguimiento y de evaluación.
  3. El estado de Morelos reporta la existencia de protocolos de investigación de delitos cometidos en contra de las mujeres. Sin embargo, existe desconocimiento de los mismos por parte de las autoridades encargadas de procuración de justicia, lo que impide su adecuada aplicación.
  4. Las instancias encargadas de brindar atención a las mujeres víctimas de violencia (Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas, DIF, centros de salud, policía estatal y municipal, entre otras) no cuentan con protocolos de atención y rutas críticas claras que les permitan identificar, por una parte, sus propias funciones con respecto a este tipo de casos, y por otra, qué instancias son las competentes para la canalización adecuada de las víctimas.
  5. En un número importante de casos de feminicidios, el agresor es la pareja o ex pareja sentimental de la víctima.
  6. A pesar del “Programa de Prevención y Atención de Violencia Familiar y de Género” que incluye el trabajo con víctimas y agresores, se considera que un solo programa no es suficiente para intervenir de manera eficaz para lograr la prevención y erradicación de la violencia de género
  7. En ninguno de los casos de feminicidios reconocidos por el estado de Morelos se ha otorgado la reparación del daño de manera integral a pesar de su reconocimiento como política de Estado.
  8. Existe una falta de articulación entre las distintas instituciones encargadas de la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres. Incluso entre las distintas fiscalías pertenecientes a la Fiscalía General del Estado de Morelos. Lo anterior, repercute en el registro de casos de feminicidios y en la prevención e investigación de la violencia de género, así como la sanción de sus responsables.
  9. La información de casos de violencia contra las mujeres no se encuentra sistematizada en función a clasificaciones específicas dentro del sistema Integr@-Morelos. Además, las autoridades no alimentan ni actualizan dicho sistema. Aunado a lo anterior, el IMEM, responsable de integrar el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres y alimentar el Banavim, no recibe la información correspondiente de las instancias encargadas de la atención y procuración de justicia de las mujeres víctimas de la violencia.
  10. Se observó la ausencia de un registro administrativo de órdenes de protección y la falta de implementación de las mismas por parte de las autoridades facultadas para tal efecto.
  11. La forma en la que los medios de comunicación en el estado de Morelos abordan el tema de la violencia contra las mujeres, contribuye a la reproducción de una cultura que favorece la desigualdad de género y la violencia. Esto, a través de la invisibilización, naturalización y justificación de la violencia ejercida en contra de las mujeres, así como de la reproducción de estereotipos y prejuicios.
  12. Las campañas para dar a conocer los derechos humanos de las mujeres y las niñas en la entidad contienen elementos que podrían reproducir estereotipos de género.
  13. A pesar de que existen diferentes instituciones encargadas de atender la violencia en contra de las mujeres (DIF, IMEM, fiscalías, oficinas de atención a víctimas, entre otras) y que el estado de Morelos planea la creación del Centro de Justicia para Mujeres en Yautepec, así como de cuatro “Ciudades Mujer”, la infraestructura es insuficiente para atender los casos de violencia, pues tales instituciones no tienen suficiente presupuesto, ni recursos humanos o materiales, por lo que los servicios no se prestan correctamente.
  14. No existe una adecuada coordinación entre las autoridades que integran el SEPASE, lo que repercute en la operación y funcionamiento de dicho sistema.
  15. El gobierno del estado no ha destinado presupuesto suficiente para atender el problema de la violencia contra las mujeres y la desigualdad de género en la entidad.

Así, puede observarse claramente que las observaciones refieren en su mayoría a malas prácticas en la prevención, atención y erradicación del fenómeno en la entidad. Este informe fue publicado el 28 de agosto de 2014, puede ser consultado en: Conavim – INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO CONFORMADO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE MORELOS

De esta forma, el 24 de marzo de 2015, el gobierno de Morelos hizo entrega del “Informe sobre el Cumplimiento de las Propuestas y Conclusiones contenidas en el Informe de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de Morelos” (puede consultarse en: Integra Mujeres – Informe Sobre el Cumplimiento…). Dicho informe fue analizado por el grupo de trabajo que en agosto decidió emitir formalmente la AVG de acuerdo al Boletín No. 475/15 de la Secretaría de Gobernación en donde se definen los 8 municipios contemplados dentro de la alerta:

Cuautla

Cuernavaca

Emiliano Zapata

Jiutepec

Puente de Ixtla

Temixco

Xochitepec

Yautepec

 

Actualmente, a un año de la emisión de la AVG, la entidad ha hecho entrega de dos informes: El primero el 11 de enero de 2016 (Interna Mujeres – Primer Informe de Acciones Emergentes) y el segundo el 7 de junio de 2016 (Integra Mujeres – Segundo Informe GIM).

 

De esta forma, a un año de emitida la alerta las organizaciones de la sociedad civil continúan reportando la persistencia de feminicidios en la entidad y denuncian que las medidas implementadas no han tenido resultados al no ser aplicadas de manera adecuada.


[1] De acuerdo con la CIDHM, “en primer lugar se entregó un documento al entonces Gobernador Marco Adame Castillo, para solicitar se atendiera la problemática de los feminicidios en la entidad, luego de que llegó al más alto nivel el índice de violencia feminicida (20 de agosto del 2012). Posteriormente, se envió un documento de fecha 21 de noviembre del 2012, al Gobernador del Estado de Morelos Graco Ramírez Garrido Abreu, alertando sobre los niveles de violencia para que se tomaran medidas, así como solicitando una reunión para ver de manera integral la situación de los Derechos Humanos en Morelos. Mediante oficio de 19 de febrero del 2013, una coordinación de organizaciones morelenses solicitó al Gobernador del Estado y a diferentes dependencias e instancias gubernamentales, informes sobre el diagnóstico y las medidas que estaban tomando para garantizar el derecho a la vida y la libertad de las mujeres.